El reglamento que prepara el Ministerio de Economía para las reclamaciones de usuario ante la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador es calificado por el Consejo General de Mediadores como “un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad”.
La propuesta del Gobierno pasa por que el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y se reciba en la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador, organismo que unificará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y DGSFP.
Establecer una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora.
Para los Colegios, la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia.
Es una paradoja que la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación.
Estamos, afirma el Consejo General, ante una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas.